Según denuncia la Cámara de Cuentas de Andalucía, a través del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2022, los fondos de las ayudas europeas Next Generation continúan con un bajo nivel de ejecución debido a, entre otras causas, a la compleja burocracia que, en muchas ocasiones, tienen que realizar las empresas para acceder a ellos. Esta preocupante situación se manifiesta al conocer que el excedente de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resilencia ha ascendido a casi tres millones de euros, lo que significa el 89,8% de los fondos referidos.
Desde MÁS INDUSTRIA también queremos denunciar la actual parálisis en la llegada de estos fondos al tejido productivo de nuestra comunidad. Este estancamiento, atribuible a la ineficacia de la administración y de sus agencias públicas, está generando un impacto negativo significativo.
Bajo nuestro punto de vista, son diversos los factores contribuyen a esta problemática, entre los cuales destacan el exceso de burocracia, la carencia o inexistencia de órdenes de incentivos claras, así como el miedo palpable en la Administración a firmar y respaldar proyectos empresariales. A su vez, las empresas muestran un marcado rechazo, e incluso desconfianza, al solicitar fondos públicos debido a experiencias previas adversas con la Administración.
Un ejemplo de la asfixiante carga burocrática es evidente en los procedimientos para obtener ayudas económicas. Un expediente destinado a solicitar una modesta ayuda de 30.000€ puede alcanzar la desorbitada cifra de 2.000 folios de documentos. Este exceso de documentación no solo desgasta recursos, sino que también amplifica la posibilidad de que cualquier mínima duda en la evaluación del expediente resulte en la desaprobación completa del mismo.
Desde Más Industria creemos que es imperativo abordar estos problemas urgentemente para evitar mayores repercusiones en el tejido empresarial de Andalucía. La simplificación de procesos, la promulgación de políticas claras y el restablecimiento de la confianza entre la Administración y las empresas son medidas cruciales para revitalizar la economía local y asegurar el flujo de fondos necesario para el desarrollo sostenible de nuestra región.