FALTA DE INCENTIVOS PÚBLICOS A LA INVERSIÓN ESTÁ PROVOCANDO UNA CAIDA DE AMPLIACIONES Y NUEVAS IMPLANTACIONES INDUSTRIALES

En la actualidad, son muy escasas las convocatorias para apoyar las nuevas inversiones industriales y las ampliaciones para proyectos industriales en Andalucía.

La guerra desatada entre Estados Unidos y Unión Europea por incentivar a la industria para que no se deslocalice (por un lado, USA con su ley de reducción de la inflación y EU con su apoyo a las energías y la descarbonización) hace presagiar una pugna entre ambas potencias para atraer a las grandes inversiones industriales y/o impedir su deslocalización.

Sin embargo, no hay que olvidar que el tejido industrial de Andalucía está liderado por pequeñas y medianas empresas que son a las que habría que ayudar.

No hay que tener muchas expectativas de que desde Bruselas se señale a Andalucía como receptor de esas empresas industriales (antes las derivarían a los países más industrializados de Europa como Alemania, Francia Holanda incluso Polonia). Desde Europa se nos ve más como una región orientada al sol y playa de los jubilados europeos que como una potencia industrial.

Tampoco tenemos que tener muchas expectativas para que el gobierno de la nación “oriente” a posibles grandes inversores a implantarse en la región, por consideraciones políticas de distinto signo y por el pago que el Gobierno tiene que hacer a sus socios catalanes y vascos que difícilmente van a permitir que un proyecto industrial de cierta consideración salga de sus fronteras.

 

Es el juego que se ha implantado en nuestros días entre los industriales globales y las administraciones públicas: el “y tú que me das de más para que me implante en tu región”; la subasta de proyectos entre las regiones que hacen que las autoridades públicas tengan que hacer lo más atractivo posible a sus emplazamientos. Son las reglas del juego; gustarán más o menos, pero eso es lo que hay.

 

La última convocatoria más o menos “potente” que elaboró la Junta de Andalucía para la industria fue el programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía que estuvo activa hasta el año 2020 y que fue gestionada por la Agencia IDEA dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y fondos europeos. Desde entonces, nada nuevo.

 

De esta convocatoria, aparte de la dificultad para acceder a ellas, nos encontramos con la falta de operatividad en su gestión ya que hay bastantes solicitudes que no han sido todavía atendidas y de las que lo han hecho, una parte de ellas todavía no han recibido los fondos.

 

 Por otro lado, las regiones y países limítrofes a Andalucía llevan varios años atrayendo inversiones industriales y ayudando al desarrollo de las existentes.

 

Extremadura ha sacado su convocatoria de incentivos a la inversión empresarial para aquellos proyectos que se implanten en esa región y gestionados de una forma ágil y con garantía y seguridad jurídica. Este programa se extenderá desde el 26 de enero de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2026.

 

Nuestro país vecino con el que compartimos frontera (Portugal) es otro ejemplo, a nuestro entender, de modelo de éxito. También ha concebido un programa muy ambicioso de apoyo a las inversiones industriales que daría para escribir un artículo entero.

 

También en materia de energía están cerradas las convocatorias de la Junta que tan bien ha gestionado el organismo adscrito a la Consejería de política industrial y energía que es la Agencia Andaluza de la Energía.

 

Por último, los fondos next generation gestionados por el gobierno de la nación y que, de momento, tan escasos resultados han tenido, obligan a pensar que, si no hay un golpe de timón, estos fondos (si llegan y se gestionan como hasta ahora) más que unos impulsos van a significar un lastre que tendrán que soportar las generaciones venideras. Terminarán malgastados en proyectos que no aportan valor en el largo plazo como lo haría la industria.

 

Hace falta reaccionar y hay que hacerlo ya, sin demora, sin parálisis por el análisis, sin miedo a impulsar proyectos, aunque un porcentaje de los mismos pueda ser fallido: forma parte del riesgo empresarial y debe estar en el ADN de la colaboración público-privada.

 

MÁS INDUSTRIA VISITA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA PARA REUNIRSE CON REPRESENTANTES DEL PARTIDO VOX

Miembros de MÁS INDUSTRIA han visitado el parlamento de Andalucía donde se han reunido con representantes del partido VOX: D. Rafael Segovia y D. Juan José Bosquet ( portavoz en la comisión de política industrial y energía) . En el transcurso de la reunión, los representantes de MÁS INDUSTRIA, Aurelio Azaña (Presidente) y Rafael Baena ( vocal) hicieron hincapié en las necesidad de una política industrial activa encaminada a aumentar el PIB industrial de la región como vía para conseguir la disminución del paro con empleos estables y de calidad.

Se abre una vía de colaboración donde MÁS INDUSTRIA puede aportar su “saber hacer” en materia de industria para conseguir esos objetivos.

MÁS INDUSTRIA ADVIERTE DE QUE LOS PLAZOS PARA LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS SE PUEDEN DISPARAR

Esa es la conclusión de un análisis sobre el terreno hecho por MAS INDUSTRIA que revela que los plazos para las resoluciones de autorizaciones/ denegaciones administrativas de nuevas industrias pueden alargarse hasta los dos años. Estos plazos también aplican cuando se trata de modificaciones sustanciales de industrias ya existentes que requieren de una nueva autorización ambiental integrada.

La autorización ambiental integrada es la figura ambiental derivada de la ley de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía para industrias potencialmente contaminantes de las recogidas en el anexo 1 de dicha Ley.

Pese al decreto de simplificación administrativa ( que redujo por ley los plazos administrativos para todas estas actividades) el “ tapón” sigue existiendo debido fundamentalmente a la parálisis de la administración; la falta de funcionarios cualificados que puedan analizar sin temor los proyectos que se presentan ( no es lo mismo un proyecto de un parque fotovoltaico que de una industria de procesos); a la maraña de informes administrativos vinculantes de múltiples consejerías que tienen que evacuarse para cualquier autorización y a la parálisis por el análisis que sigue imperando en los trámites administrativos.

Y es que, aunque la ley marque unos plazos, en la mayoría de los procedimientos para la legalización de industrias predomina el silencio administrativo negativo, por lo que es mejor esperar a que contesten y pedir que contesten porque si no se podría considerar como que la actividad está denegada. Otra forma de aumentar artificialmente los plazos es pedir requerimientos de subsanación cuando éstos están próximos a cumplir, lo que pone otra vez el contador a cero.

A pesar del decreto de simplificación, a pesar de la declaración de proyectos estratégicos, a pesar de los “Project manager” puestos por la administración para hacer el seguimiento de proyectos, el tapón sigue existiendo.

Los mayores plazos están, como siempre, en la Consejería de medio ambiente, seguido por la Consejería de cultura y posteriormente Urbanismo. También la Consejería de salud tiene que emitir informes vinculantes que en determinadas ocasiones pueden demorarse. Sin olvidar a los Ayuntamientos que deben dar un informe de compatibilidad de los terrenos antes de iniciar el trámite ambiental de este tipo de actividades industriales lo que, en función de la complejidad del ayuntamiento en cuestión, puede tardar más o menos tiempo.

Paradójicamente, es la Consejería de políticas industriales la que menos tarda en dar esas autorizaciones, sobre todo cuando se trata de aplicar los reglamentos de seguridad industrial a través del tramitador digital (conocido como PUES) ya que se hace mediante declaraciones responsables que no interrumpen los plazos y que la administración competente comprueba a posteriori.

Todo ello, está haciendo que muchas inversiones industriales (que podrían ubicarse perfectamente en Andalucía como primera opción)   se están yendo a comunidades autónomas limítrofes como Extremadura ( cuya administración pública está haciendo un esfuerzo de acompañamiento y de apoyo de todo tipo a este tipo de proyectos ) o a nuestro país vecino Portugal ( otro ejemplo de éxito de industrialización en tiempos actuales y que también está apoyando realmente la implantación de industrias en su territorio gracias a una política industrial acertada y ayudas que acompañan a la inversión como ya hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones desde MAS INDUSTRIA).

Ninguna de las acciones que se han propuesto desde MAS INDUSTRIA parece que hayan tenido calado en la administración actual, como el uso de más declaraciones responsables; el cambio en muchos trámites del sentido del silencio administrativo; el uso de agentes externos ( consultores o empresas especializadas, Colegios profesionales que son corporaciones de derecho público con capacidad para emitir esos informes) para hacer las evaluaciones o los informes; la modificación a fondo de la ley Gica que en su momento fue un buen instrumento pero que está obsoleta o la elaboración de una ley de fomento industrial que contemple todas estas medidas y muchas más que hay que poner en marcha si verdaderamente queremos aumentar el PIB industrial de Andalucía.

Desde MAS INDUSTRIA seguimos sosteniendo que, para disminuir el paro de la región y mejorar la calidad y la estabilidad real del empleo la solución más segura es aumentar el PIB industrial de nuestra región y fijarnos en el ejemplo de comunidades autónomas como País Vasco o Navarra donde han hecho una apuesta decidida por su ecosistema industrial.

Curiosamente, los plazos para autorizaciones administrativas industriales no han experimentado mejorías dignas de elogio ni con el gobierno socialista, ni con el posterior gobierno de coalición ni con el ahora gobierno en solitario del Partido popular lo que nos hace sospechar  o que políticamente no hay interés real ( no solo de boquilla) por la industrialización de Andalucía o que el problema está tan  imbricado que, a pesar de la buena voluntad política, nadie da con la solución al problema.

Para resolver el problema desde el fondo, habría que hacer un cambio tan disruptivo y valiente que, de salir mal, le podría costar muy caro en votos al dirigente que en ese momento esté gobernando la región. Una vez más, se cumple la contundente regla  de que si se aborda un problema de la misma forma que se ha hecho siempre, se llagará siempre al mismo resultado.

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