Esa es la conclusión de un análisis sobre el terreno hecho por MAS INDUSTRIA que revela que los plazos para las resoluciones de autorizaciones/ denegaciones administrativas de nuevas industrias pueden alargarse hasta los dos años. Estos plazos también aplican cuando se trata de modificaciones sustanciales de industrias ya existentes que requieren de una nueva autorización ambiental integrada.
La autorización ambiental integrada es la figura ambiental derivada de la ley de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía para industrias potencialmente contaminantes de las recogidas en el anexo 1 de dicha Ley.
Pese al decreto de simplificación administrativa ( que redujo por ley los plazos administrativos para todas estas actividades) el “ tapón” sigue existiendo debido fundamentalmente a la parálisis de la administración; la falta de funcionarios cualificados que puedan analizar sin temor los proyectos que se presentan ( no es lo mismo un proyecto de un parque fotovoltaico que de una industria de procesos); a la maraña de informes administrativos vinculantes de múltiples consejerías que tienen que evacuarse para cualquier autorización y a la parálisis por el análisis que sigue imperando en los trámites administrativos.
Y es que, aunque la ley marque unos plazos, en la mayoría de los procedimientos para la legalización de industrias predomina el silencio administrativo negativo, por lo que es mejor esperar a que contesten y pedir que contesten porque si no se podría considerar como que la actividad está denegada. Otra forma de aumentar artificialmente los plazos es pedir requerimientos de subsanación cuando éstos están próximos a cumplir, lo que pone otra vez el contador a cero.
A pesar del decreto de simplificación, a pesar de la declaración de proyectos estratégicos, a pesar de los “Project manager” puestos por la administración para hacer el seguimiento de proyectos, el tapón sigue existiendo.
Los mayores plazos están, como siempre, en la Consejería de medio ambiente, seguido por la Consejería de cultura y posteriormente Urbanismo. También la Consejería de salud tiene que emitir informes vinculantes que en determinadas ocasiones pueden demorarse. Sin olvidar a los Ayuntamientos que deben dar un informe de compatibilidad de los terrenos antes de iniciar el trámite ambiental de este tipo de actividades industriales lo que, en función de la complejidad del ayuntamiento en cuestión, puede tardar más o menos tiempo.
Paradójicamente, es la Consejería de políticas industriales la que menos tarda en dar esas autorizaciones, sobre todo cuando se trata de aplicar los reglamentos de seguridad industrial a través del tramitador digital (conocido como PUES) ya que se hace mediante declaraciones responsables que no interrumpen los plazos y que la administración competente comprueba a posteriori.
Todo ello, está haciendo que muchas inversiones industriales (que podrían ubicarse perfectamente en Andalucía como primera opción) se están yendo a comunidades autónomas limítrofes como Extremadura ( cuya administración pública está haciendo un esfuerzo de acompañamiento y de apoyo de todo tipo a este tipo de proyectos ) o a nuestro país vecino Portugal ( otro ejemplo de éxito de industrialización en tiempos actuales y que también está apoyando realmente la implantación de industrias en su territorio gracias a una política industrial acertada y ayudas que acompañan a la inversión como ya hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones desde MAS INDUSTRIA).
Ninguna de las acciones que se han propuesto desde MAS INDUSTRIA parece que hayan tenido calado en la administración actual, como el uso de más declaraciones responsables; el cambio en muchos trámites del sentido del silencio administrativo; el uso de agentes externos ( consultores o empresas especializadas, Colegios profesionales que son corporaciones de derecho público con capacidad para emitir esos informes) para hacer las evaluaciones o los informes; la modificación a fondo de la ley Gica que en su momento fue un buen instrumento pero que está obsoleta o la elaboración de una ley de fomento industrial que contemple todas estas medidas y muchas más que hay que poner en marcha si verdaderamente queremos aumentar el PIB industrial de Andalucía.
Desde MAS INDUSTRIA seguimos sosteniendo que, para disminuir el paro de la región y mejorar la calidad y la estabilidad real del empleo la solución más segura es aumentar el PIB industrial de nuestra región y fijarnos en el ejemplo de comunidades autónomas como País Vasco o Navarra donde han hecho una apuesta decidida por su ecosistema industrial.
Curiosamente, los plazos para autorizaciones administrativas industriales no han experimentado mejorías dignas de elogio ni con el gobierno socialista, ni con el posterior gobierno de coalición ni con el ahora gobierno en solitario del Partido popular lo que nos hace sospechar o que políticamente no hay interés real ( no solo de boquilla) por la industrialización de Andalucía o que el problema está tan imbricado que, a pesar de la buena voluntad política, nadie da con la solución al problema.
Para resolver el problema desde el fondo, habría que hacer un cambio tan disruptivo y valiente que, de salir mal, le podría costar muy caro en votos al dirigente que en ese momento esté gobernando la región. Una vez más, se cumple la contundente regla de que si se aborda un problema de la misma forma que se ha hecho siempre, se llagará siempre al mismo resultado.
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