En la carrera por la reindustrialización europea, la energía ya no es solo una factura; es la infraestructura básica. Sin embargo, en España, el modelo de planificación de la red de transporte, monopolio de Red Eléctrica de España (REE), se ha convertido en un cuello de botella donde los criterios técnicos a menudo se ven superados por prioridades políticas y una burocracia ambiental paralizante.
El papel de REE: Un modelo de planificación rígido
REE es el operador del sistema y el gestor de la red de transporte (las «autopistas» de alta tensión). El problema radica en que sus planes de inversión los aprueba el Consejo de Ministros con una visión quinquenal que nace ya obsoleta.
Mientras la industria avanza a velocidad digital, la administración central se mueve a paso analógico. El resultado es que, a pesar de que Andalucía es la mayor generadora de energía renovable, no tiene «enchufes» suficientes para consumirla. Se produce energía que no se puede transportar, obligando a vertidos (pérdidas) de generación limpia mientras los grandes proyectos industriales se quedan sin suministro.
El precedente del Metro de Sevilla: Gestión local vs. Inercia estatal
Si buscamos un ejemplo de cómo la administración autonómica debe tomar las riendas ante el olvido central, no hay que mirar a las carreteras, sino al subsuelo. El Metro de Sevilla es el ejemplo perfecto de una infraestructura que languideció durante décadas en los planes estatales hasta que la presión y la gestión regional desbloquearon su ejecución. Al igual que el metro fue vital para la movilidad urbana, las redes de transporte eléctrico son hoy el «metro industrial» que Andalucía necesita para mover su economía.
El aviso de San Telmo: 100 proyectos al abismo
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue tajante en la reciente feria NISE: el sistema actual está fallando. La advertencia es real y cuantificable: más de 100 proyectos industriales están en riesgo de caducar por falta de potencia firme.
Entre estos proyectos destacan los Data Centers, el «oro nuevo» de la economía digital. Es doloroso ver cómo inversiones de 12.000 millones de euros y miles de empleos fijos se asientan en regiones como Aragón, mientras Andalucía, con una posición geográfica estratégica para los cables submarinos de datos, ve cómo REE le asigna apenas un 11% de la inversión total, una cifra ínfima comparada con su peso económico y poblacional.
Fondos Next Gen: Una oportunidad devuelta
La indignación en el sector industrial aumenta al conocerse que el Gobierno de España ha devuelto 60.000 millones de euros en créditos de los fondos Next Generation. Esos fondos tenían entre sus objetivos declarados la transición energética y el refuerzo de infraestructuras. Se ha preferido dejar morir el crédito antes que agilizar la burocracia de REE o simplificar unas leyes ambientales que, bajo un barniz ecologista, están impidiendo paradójicamente la evacuación de la energía renovable.
El «Pastel» Político: Cupos y agravios
El problema no es solo la falta de recursos, sino su reparto. En un escenario de escasez, el Gobierno ha priorizado las agendas políticas sobre la eficiencia industrial:
País Vasco: Ha negociado un cupo de inversión del 17%.
Cataluña: Se sitúa en el 20%.
Este reparto deja a Andalucía con las migajas de una tarta que ella misma ayuda a cocinar con su sol y su viento. Si las administraciones autonómicas no obtienen competencias para intervenir en la red de transporte, permitiendo que las distribuidoras regionales inviertan allí donde REE no llega, la región seguirá siendo un desierto industrial por diseño político.
La lección es clara: cuando las infraestructuras clave dependen de una ventanilla única en Madrid sujeta a acuerdos de investidura, el desarrollo técnico se resiente. Andalucía tiene el sol, tiene el suelo y tiene los proyectos, pero le faltan los cables.