LA SENTENCIA INDUSTRIAL DE ESPAÑA.Hacienda y la Seguridad Social Condenan el Tejido Productivo: El Concurso de Acreedores es la Autopista hacia la Liquidación
MAS INDUSTRIA alza la voz para denunciar la acelerada desindustrialización que sufre nuestro país.
La retórica política en España suele ensalzar la necesidad de una reindustrialización robusta. Sin embargo, la fría estadística revela una contradicción lacerante: el mecanismo legal diseñado para salvar empresas, el concurso de acreedores, se ha convertido en la herramienta más eficiente para su liquidación definitiva. El resultado es una sangría de know-how, empleo cualificado y activos productivos que compromete la competitividad futura de la nación.
La denuncia, pone el foco en el corazón del problema: la rigidez administrativa, principalmente de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que obstaculiza cualquier intento real de reestructuración.
Un Sistema Diseñado para Morir: Los Datos de la Crisis
El análisis de la evolución concursal en España no deja lugar a dudas sobre la deriva del sistema:
El Verano de la Liquidación: La cifra más dramática es la altísima tasa de liquidación. Datos recientes indican que más del 95% de los procedimientos concursales de empresas terminan en el cese de actividad y venta de activos (96,2% en 2023 y más del 95% en 2024). Esta tasa no es un fallo del mercado; es un fallo estructural del diseño legislativo que ahoga la posibilidad de reflotamiento.
La Presión Industrial Crece: La crisis de solvencia no es ajena al sector estratégico. La Industria Manufacturera y Energía se sitúa consistentemente entre los sectores más golpeados, representando entre el 12,6% y el 15% del total de concursos de empresas a nivel nacional (el 13% en 2024, y el 15% en el acumulado de julio de 2025).
Aumento de la Destrucción de Valor: La tendencia es preocupante. Tras el descenso de 2023 (4.544 empresas concursadas, un 12% menos que en 2022), 2024 marcó un repunte significativo con 6.013 insolvencias empresariales, un aumento del 20%. La tendencia para 2025 apunta a un incremento continuo, acelerando la pérdida de tejido productivo.
El Ejemplo de Andalucía: En comunidades autónomas clave, la situación es crítica. De las 614 empresas que entraron en concurso en Andalucía en 2023, se estima que entre 80 y 92 pertenecían al sector industrial. Cada uno de esos cierres arrastra una cadena de valor irrecuperable.
La consecuencia de esta liquidación masiva es la destrucción del empleo estable y de alta cualificación (ingenieros, técnicos especializados) y el achatarramiento de activos productivos, que se pierden para siempre.
La Paradoja de Estado: El Fisco como Verdugo
El factor más disruptivo en la inviabilidad de los planes de reestructuración es la rigidez con la que actúa el propio Estado a través de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Estas instituciones ostentan el estatus de acreedores privilegiados, una posición que les permite bloquear cualquier acuerdo de viabilidad. Mientras que la banca privada y los proveedores acceden a negociar quitas y esperas sobre sus deudas, la Administración mantiene una postura inflexible, exigiendo el pago total de la deuda pública o imponiendo condiciones inviables.
Esta rigidez es una decisión política que convierte la deuda pública en una losa innegociable que condena a la liquidación a empresas con potencial de mercado. El resultado final no es un mayor cobro a corto plazo, sino la pérdida de recaudación futura (impuestos y cotizaciones) y la destrucción del empleo. Es un paradigma político que prioriza el asiento contable inmediato sobre el interés estratégico nacional a largo plazo.
Los Principales Verdugos: Hacienda Pública y Seguridad Social
Paradójicamente, las instituciones que deberían apoyar la reactivación industrial son, en la práctica, los principales escollos para la supervivencia de la empresa: la Hacienda Pública y la Seguridad Social (AA.PP.).
La inflexibilidad de la Administración en la negociación de la deuda pública y su posición como acreedor privilegiado bloquean sistemáticamente los planes de viabilidad. Las quitas y esperas que sí se logran negociar con los acreedores privados no son posibles con la AA.PP., que exige el pago de la deuda con un escaso margen de maniobra.
Esta rigidez convierte la deuda pública en una losa innegociable que condena a la liquidación (el 95% de los casos) incluso a aquellas empresas con planes de negocio sólidos y demanda de mercado. Si la Administración no ofrece soluciones ágiles y realistas para su deuda, ninguna reestructuración será viable.
Propuesta de MAS INDUSTRIA: Un Plan Urgente de Reindustrialización
Para revertir esta dinámica, la política económica y legislativa debe experimentar un cambio radical, tomando como base las propuestas de la sociedad civil y la asociación MAS INDUSTRIA.
1. Modificación Urgente de la Ley Concursal
El objetivo primordial es dotar de flexibilidad al sistema concursal para que sirva a la reestructuración y no a la liquidación.
Eliminar el Privilegio de la AA.PP.: Es fundamental flexibilizar o eliminar el estatus de crédito privilegiado de Hacienda y la Seguridad Social. La ley debe permitirles participar en las negociaciones de reestructuración y aceptar quitas (reducción del principal) y esperas (aplazamiento de pagos) sobre la deuda pública equiparables a las que se negocian con acreedores privados. Sin este cambio legislativo, cualquier plan de reestructuración industrial está condenado.
Venta de Unidad Productiva (VUP) Estratégica: Se debe priorizar, mediante cambios legislativos, la preservación del know-how y del empleo cualificado sobre el precio de venta en las VUP industriales. El inversor que garantice la continuidad productiva y el mantenimiento de la plantilla debe tener preferencia clara.
Concurso Industrial Simplificado: Crear una figura de concurso simplificado para el sector industrial que centre el rol del Administrador Concursal en el mantenimiento de la actividad y el empleo, apoyado por asesores técnicos especializados en producción, no solo financieros o legales.
2. Compromiso Activo del Gobierno y Medidas de Apoyo
La Administración debe abandonar su rol pasivo de acreedor para adoptar el de socio estratégico e impulsor de la reindustrialización.
Fondo de Rescate Industrial (FRI): El Gobierno debe crear un fondo público-privado, canalizado a través de instituciones como el ICO o la SEPI, destinado específicamente a la inyección de capital en empresas industriales viables en concurso, pero ahogadas por la deuda, actuando como último recurso de apoyo.
Asesoramiento de Gestión Industrial: Poner a disposición de las empresas concursadas equipos de ingenieros y gestores industriales para elaborar planes de viabilidad técnica y productiva realistas que demuestren al juez la posibilidad de continuidad, superando el enfoque puramente contable.
Incentivos a la Inversión: Ofrecer ayudas directas y líneas de financiación blanda a los inversores que adquieran Unidades Productivas Industriales, vinculando el incentivo al mantenimiento de la actividad y la plantilla de alta cualificación.
La desindustrialización silenciosa es una herida autoinfligida. El Gobierno tiene los datos y las propuestas sobre la mesa. La inacción ya no es excusa, es una decisión política que hipoteca el futuro productivo de España. Exigimos al Ejecutivo que tome las riendas de un sistema que, hoy por hoy, destruye más de lo que salva.