Andalucía se encuentra, una vez más, ante un papel que promete oro. El Proyecto de Ley de Espacios Productivos (LEPA) aterriza en el Parlamento como la gran esperanza para sacudir un sector secundario que parece condenado a la volatilidad. Las intenciones son loables: modernizar 2.379 espacios productivos que sostienen el 22% del empleo regional. Sin embargo, el análisis profundo revela una realidad incómoda: el gobierno andaluz tiene las ideas, pero su gestión avanza con la pesadez de una maquinaria oxidada, mientras el reloj electoral ya ha empezado a descontar segundos.
El «Efecto Palanca»: ¿Ficción o Realidad Económica?
El gran titular del ejecutivo es una inversión inicial de 50 millones de euros. En un ecosistema que necesita miles de millones para converger con la media nacional, esta cifra suena a propina. El gobierno se defiende con el concepto de «efecto palanca»: aseguran que este capital público desbloqueará la inversión privada necesaria para elevar el VAB industrial, que hoy languidece en un 12,65% frente al 15,23% de la media española.
La estrategia se basa en tres pilares que, sobre el papel, son brillantes:
Gobernanza Público-Privada: La creación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) para que las empresas dejen de esperar a que el Ayuntamiento de turno arregle una farola y tomen las riendas del mantenimiento.
Etiquetado de Excelencia: Clasificar los polígonos como «innovadores» o «Eco-green» para atraer a la industria 4.0.
Aceleración Administrativa: El uso de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) para que los «Proyectos Tractores» no mueran en un cajón durante año.
Sin embargo, la gestión actual peca de una lentitud desesperante. Mientras regiones como el País Vasco mantienen una estabilidad envidiable por encima del 23% de peso industrial , Andalucía experimenta picos efímeros —como el de 2022— seguidos de caídas bruscas en 2023 debido a la incapacidad de asentar una base estructural resiliente.
La Brecha que Nadie Consigue Cerrar
El problema no es de falta de visión, sino de ejecución. La LEPA llega para intentar cerrar una brecha de 5 puntos porcentuales con España, un déficit que se traduce en miles de millones de euros que la región deja de producir cada año.
| Región | Peso Industrial (VAB/PIB) | Situación 2013-2023 |
| País Vasco |
23,2%
| Sólida y resiliente
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| Cataluña |
19,5%
| Líder en volumen absoluto
|
| Andalucía |
12,65% | Volátil y estancada
|
| Extremadura |
9,8%
| En proceso de desindustrialización |
El Miedo al «Modo Electoral»
Aquí reside la gran paradoja: el ejecutivo andaluz presenta esta ley como su gran bandera de gestión. Pero con la legislatura terminando el año que viene, la LEPA corre el riesgo de convertirse en un arma política en lugar de una herramienta económica.
El sector empresarial apoya la ley, seducido por bonificaciones fiscales del 95% en el IBI o IAE. No obstante, si la oposición decide que negar un triunfo al gobierno es más rentable que aprobar una ley necesaria, Andalucía perderá otros cuatro años en la sala de espera de la industrialización.
¿Te interesaría que analizáramos en detalle cuáles son esos proyectos estratégicos de hidrógeno o minería que la LEPA pretende blindar para que no se escapen de Andalucía?